El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un Decreto-Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas en la Región de Murcia, con el objetivo de frenar el movimiento ‘okupa’ en el territorio regional e impedir así que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación que se produce en los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas.
Así, la Administración regional transforma la Ley de Vivienda en la ‘Ley de Vivienda y Ocupación de la Región de Murcia’, con el fin de acabar con esta práctica ilegal cuya tendencia en alza tiene su origen en la constitución de organizaciones criminales especializadas en este delito. El nuevo decreto-ley establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará ‘Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación’.
Además, establece instrumentos para recopilar datos, y así evaluar el alcance y la evolución de la ocupación ilegal de viviendas, como la creación de un canal de denuncias que proteja la identidad de los denunciantes. También refuerza la cooperación entre administraciones para luchar contra esta práctica ilegal, y obliga a los ayuntamientos a notificar los casos que se detecten en sus municipios a través de la Policía Local y los Servicios Sociales.
Asimismo, propone mecanismos para impedir la transmisión o cesión fraudulenta de una vivienda ocupada ilegalmente, como que las empresas de servicios y suministros deben asegurarse de que los solicitantes de un servicio son los legítimos ocupantes del mismo y comuniquen los casos de ocupación de los que tengan constancia.
Parque regional de viviendas sociales
La Comunidad Autónoma también establece un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.000 a los 90.000 euros. Asimismo, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.
