Un informe del interventor accidental ha destapado un agujero en el Servicio Municipal de Recaudación de Mazarrón por el que el Ayuntamiento acumula derechos pendientes de cobro que suman un potosí: 35.386.383 euros. El documento fue enviado al Tribunal de Cuentas y este órgano, al observar el montante al que ascendían los impuestos impagados entre 1991 y 2015, lo remitió a la Fiscalía, que ya ha comunicado al Consistorio la apertura de diligencias de investigación.
El informe del interventor, al que ha tenido acceso 'La Verdad', alerta de que «como conclusión principal se puede establecer que la gestión de recaudación en vía ejecutiva es prácticamente inexistente, ya que se incumple de forma sistemática el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación para llevar a cabo el cobro de las deudas municipales en vía ejecutiva».
Una vez consumido el periodo voluntario de pago, el Servicio Municipal de Recaudación supuestamente se ha estado cruzando de brazos con los morosos en los últimos veinticuatro años, en los que «prácticamente son nulas las actuaciones de embargo». De hecho, el interventor detalla que de los 35,3 millones pendientes de cobro que arrastra el Consistorio, 4.492.670 euros «ya serían deuda prescrita, y el resto puede prescribir en breve si se continua con los mismos patrones de actuación».
Solo entre 1991 y 2011, el Ayuntamiento no ingresó 7,8 millones de euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles de tipo urbano. De hecho, el IBI es el que más derechos de cobro pendientes acumula, con 14.187.442 euros. Lo más llamativo de este listado de impagos son las cifras pendientes de cobro relacionadas con la actividad urbanística del municipio costero. Valgan como ejemplo los 7.049.006 euros del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 4.356.938 euros en multas por infracciones urbanísticas y 2.340.668 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. También son reseñables los 3.400.182 euros del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y 1.025.371 euros de la tasa de basuras.
La figura del 'deudor crónico'
Ningún impuesto ni ninguna tasa se salva de las «diversas irregularidades detectadas en la gestión de la recaudación en vía ejecutiva», tal y como expone el Tribunal de Cuentas. Este órgano considera que existen indicios de responsabilidad contable. La gestión del Servicio Municipal de Recaudación ha dado lugar a que surja el «deudor crónico». De esta 'figura' tributaria hay muchos ejemplos, como un vecino que desde 2011 acumula 117 recibos impagados por importe de 13.811 euros del IBI rústico y urbano, impuesto de vehículos...
«Resulta evidente que se debe intensificar el control y seguimiento de este tipo de deudores ante el riesgo de prescripción de los derechos de cobro». El embargo de bienes a los morosos es una obligación de la Administración, pero el alto funcionario critica que el Servicio Municipal de Recaudación hace distinciones en los pocos embargos que practica: «Responden más a una cuestión de arbitrariedad que a la aplicación propiamente dicha del procedimiento legalmente establecido para todo tipo de deuda y deudor». Una de las situaciones anómalas más sangrantes es la que se vive con la plantilla municipal. De los 347 empleados, un total de 62 suman 514 recibos de tributos pendientes de pago, por 68.924 euros, y contra 55 trabajadores no se ha ejercido medida alguna. Al no embargarles sus bienes ni parte de sus salarios ya ha prescrito el derecho a cobrar 10.347 euros.
«Se incumple manifiestamente la obligación de proceder a embargar el sueldo de los trabajadores municipales que mantienen deudas con el Ayuntamiento, existiendo actuaciones singulares injustificadas que provocan el mantenimiento de esa deuda a lo largo del tiempo».
El documento advierte de que «se pone de manifiesto una clara ineficacia administrativa». Los medios de control contra los morosos son tan ineficaces que el Consistorio ha engrosado la nómina municipal contratando a vecinos que debían impuestos y tasas municipales. «La falta de realización de actuaciones ejecutivas de cobro de forma periódica ha provocado que durante los ejercicios 2015 y 2016 se hayan incorporado en nómina a nueve trabajadores que perciben sus retribuciones a cargo del Ayuntamiento y que cuentan con deudas exigibles».
De los derechos pendientes de cobro, la Administración local ha traspasado a la Agencia Tributaria de la Región 14.386.383 euros, pero el alto funcionario considera que no existe justificación: «También se observa una arbitrariedad en el envío de la deuda». El informe que ha levantado sospechas en el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público evidencia la nula colaboración que el interventor accidental ha recibo del jefe del Servicio Municipal de Recaudación. Entre el 22 de abril y el 15 de junio de 2016 le notificó tres requerimientos de información sobre la deuda pendiente de cobro gestionada por su departamento y los cuatro impuestos de carácter municipal, pero el jefe de servicio «se negó a recibir el requerimiento».
El 16 de junio, el responsable del área de Recaudación finalmente respondió, «si bien la documentación aportada no se adecuaba en absoluto a lo requerido por parte de esta Intervención». De forma que el 27 de julio se le volvió a exigir información, esta vez sobre la gestión recaudatoria que realizó su departamento en 2015. La solicitud del interventor no encontró respuesta porque el citado jefe de área se cogió la baja, por lo que la Intervención subraya que los trabajos de control en la recaudación se han desarrollado sufriendo «limitaciones», básicamente en la «disposición de información sobre los expedientes».
El jefe de Recaudación se incorporó a su puesto la pasada semana. El Ayuntamiento ha confirmado que no ha abierto una investigación interna para saber qué ha pasado con los 35,3 millones euros de tributos no ingresados desde 1991.
